Hay comerciantes en Ecuador que pagan extorsión a una banda y, para poder seguir trabajando, le piden dinero prestado a esa misma banda. Ese círculo es una de las caras del chulco que describe un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), según el cual estos préstamos ilegales pasaron a formar parte de la economía de las organizaciones criminales.
Uno de los entrevistados lo explicó con lo que ocurría en un barrio popular de una de las ciudades más grandes del país. «Los comerciantes de ahí les tenían miedo porque ellos tenían que pagar una vacuna para poder estar ahí. Pero muchos de ellos también iban al grupo (…) a pedirle dinero prestado para poder seguir con su negocio».
Según el informe, ese círculo es parte de un cambio mayor. Antes, a quien no pagaba al chulquero le quitaban su carro o incluso hasta su casa. Ahora, la deuda se cobra con amenazas, extorsión y hasta asesinatos.
El estudio, elaborado junto con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), analiza denuncias registradas por la Fiscalía entre 2019 y 2025, sentencias judiciales y entrevistas a representantes del sistema financiero y del sector público. A partir de ese material, identifica tres niveles de chulco, desde el préstamo de barrio hasta las redes ligadas al crimen organizado.
El chulco de barrio, el más común
El esquema más habitual, según las entrevistas, sigue siendo el tradicional. Son préstamos de entre USD 500 y USD 700, con intereses de 20 % a 30 % mensual. Una misma persona presta, fija las condiciones y cobra. Los clientes llegan por recomendación de vecinos, familiares o conocidos, o por tarjetas y volantes que se reparten puerta a puerta.
En este modelo casi no hay amenazas físicas, pero cuando la persona se atrasa, las condiciones se endurecen. Suben los intereses o los cobros pasan de mensuales a semanales o diarios. En algunos casos, la deuda se paga con mercadería u otros bienes.
La garantía suele ser una letra de cambio o un pagaré, documentos que, según uno de los entrevistados, «cuestan 50 centavos en una papelería y puede complicarte la vida para siempre». Una entrevistada relató que estas letras se llenan después de firmadas y que a una por USD 2 000 le agregaron un cero, con lo que la deuda pasó a USD 20 000. Según su testimonio, en Quito hubo viviendas rematadas en USD 50 000 por préstamos que empezaron con USD 500.
Préstamos de seis cifras y despojo de bienes
Un segundo nivel son las estructuras familiares o de confianza que se dedican solo a prestar, pero con montos mucho mayores. Un entrevistado habló de un grupo que no prestaba solo USD 10 000, sino USD 100 000, 200 000 o 400 000.
Estos prestamistas suelen aparentar una actividad comercial legítima. Cuando la víctima no puede pagar, usan contratos de compraventa, pagarés o letras de cambio para quedarse con casas, vehículos o negocios. La violencia física es excepcional, pero la intimidación es constante.
Cuando el cobro se convierte en extorsión
En el tercer nivel, el estudio encontró indicios de préstamos que forman parte del negocio de organizaciones criminales. Aquí el cobro queda en manos de terceros que amenazan, destruyen bienes, agreden o asesinan.
Los entrevistados señalaron que la violencia reemplazó a los mecanismos legales para quitar bienes, porque resulta más barata y genera más miedo a denunciar. «La usura no se ha ido, la diferencia es que ahora existe la extorsión y el asesinato como parte (de ella)», resumió una entrevistada.
Otro testimonio describe cómo se reparten los barrios. «Cada operador en moto tiene un territorio asignado, maneja miles de dólares en esa zona y ejerce un cobro diario».
Un caso juzgado en Sucumbíos muestra esa mezcla. Una mujer asumió una deuda de su esposo de unos USD 1 200, con un cobro de USD 30 diarios. Con los intereses, el monto llegó a cerca de USD 4 800. Uno de los prestamistas la amenazó de muerte y con secuestrar a su hija, y además se habrían llevado enseres de su casa. En septiembre de 2023, la Policía detuvo a uno de ellos en la Terminal Terrestre de Nueva Loja, cuando ella entregaba un pago. Dos personas fueron sentenciadas en 2024.
En Quito, según otro testimonio, personas detenidas por extorsionar locales comerciales llevaban un cuaderno con listas de prestamistas, montos y el estado de cada deuda.
Las cifras acompañan esta tendencia. Las denuncias por extorsión pasaron de 1 616 en 2019 a 16 130 en 2025, un aumento de 898 %. Guayas concentra el 35 % de los casos y Guayaquil encabeza la lista con 4 112. En Latacunga, las denuncias por extorsión crecieron mientras bajaban las de usura. Para el OECO, eso podría indicar un paso del cobro de préstamos al control de territorios.
Dinero del crimen detrás de los préstamos
Para los investigadores, las bandas usan el chulco para hacer rendir el efectivo que obtienen del narcotráfico y la extorsión, y para mezclarlo con la economía legal. «Acumulas efectivo y ese dinero tiene que generar algo, porque tiene costo cero, pero tiene que rendir», explicó un entrevistado. Por eso, añadió, el sistema financiero formal no puede competir con esos préstamos.
Uno de los casos citados es el de un chulquero de una provincia de frontera, vinculado a un grupo armado. Según un investigador, esa persona nunca justificó el ingreso de USD 15 millones. «No estaba justificada su actividad económica, el señor se dedicaba a criar pollos», relató.
El informe también recoge un caso de Baños, en Tungurahua. Un hombre que había perdido su empleo pidió dinero a un chulquero. Según su versión, el prestamista le dijo que no podía darle el préstamo por falta de garantías y le ofreció, a cambio, llevar un vehículo a un taller en Quito. En enero de 2025, en un control policial, se encontraron cerca de 500 paquetes de cocaína ocultos en el auto. El hombre sostuvo que desconocía la existencia de la droga, pero el Tribunal de Tungurahua lo condenó a 22 años de prisión. La apelación está pendiente.
En Huaquillas, en El Oro, un control policial detectó USD 49 980 en efectivo, repartidos en siete fundas rotuladas con nombres. La investigación vinculó ese dinero con el tráfico de migrantes y con préstamos al 20 % mensual. Tres personas fueron condenadas a siete años de prisión por lavado de activos, en una sentencia que fue apelada.
Pocas denuncias llegan a juicio
Entre 2019 y 2025, la Fiscalía registró 1 933 denuncias por usura, casi una por día. En 2025, Tungurahua concentró el 29,2 % de los casos y Ambato fue el cantón con más registros, con 80. Sin embargo, entre 2021 y 2025 solo se iniciaron 157 procesos penales frente a unas 1 400 denuncias, según datos del Consejo de la Judicatura citados en el estudio.
El Código Orgánico Integral Penal castiga la usura con cinco a siete años de prisión. El problema, según el informe, es que el delito exige probar un acuerdo con intereses ilegales. Eso resulta difícil cuando los préstamos se hacen de palabra, en efectivo y bajo amenazas.
A eso se suma el miedo. «Las personas ya no se atreven a denunciar porque las van a matar, antes les iban a quitar los bienes, ahora directamente las matan», dijo uno de los entrevistados.
Detrás del chulco está también la falta de acceso al crédito formal. Aunque el 81,2 % de los adultos tiene una cuenta bancaria, solo el 29,7 % tiene un crédito vigente, según datos del Banco Central del Ecuador al cierre de 2025. Entre sus recomendaciones, el OECO plantea crear productos de crédito para trabajadores informales y microemprendedores, y reforzar el control sobre los movimientos de efectivo.
FUENTE: ECUAVISA