El exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, acudió a instancias internacionales para denunciar “graves violaciones” a sus derechos y pedir que la justicia ecuatoriana le permita rendir su versión de manera virtual, ya que asegura que ha recibido amenazas de muerte.
El exfuncionario remitió una carta a diversas instituciones de la ONU, OEA y organismos de Derechos Humanos, en la que solicita una “urgente observación” del caso ‘Progen’ o ‘Apagón’.
La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado o malversación de fondos en la contratación de generadores eléctricos, en concreto, en dos contratos adjudicados a la empresa Progren para las centrales de Salitral y Quevedo durante los apagones de 2024.
Según el Ministerio Público, la compañía estadounidense entregó generadores que no cumplían las condiciones técnicas previstas, pese a lo cual recibió anticipos equivalentes a USD 104,3 millones. Los equipos nunca entraron en funcionamiento.
¿Qué denuncia Fabián Calero ante organismos internacionales?
En el documento, el exgerente de Celec dice que ha sufrido “atropellos, actos de hostigamiento e injusticias” por parte del Estado ecuatoriano.
Narra que los procesos de contratación de generación termoeléctrica fueron liderados por los Ministros de Energía y Minas de la época.
“Conversaron directamente con proveedores, emitieron los documentos jurídicos de sustento de las contrataciones, efectuaron su seguimiento, gestionaron los recursos para los pagos y ubicaron a funcionarios de su confianza en puestos estratégicos”, dice Calero.
Sin embargo, recalca que ninguna de esas actuaciones ha sido investigada “con el mismo rigor” con el que se lo ha procesado a él.Además, dice que el único acto administrativo que ejecutó fue una resolución de junio del 2024, mediante la cual se encargó la realización de las contrataciones a las Unidades de Negocio de CELEC EP en particular Termopichincha y Electroguayas.
Pide hablar de forma virtual
Calero también indica que ha recibido negativas a recibir versión de manera virtual, lo cual vulnera su derecho de defensa.
Las autoridades a cargo del proceso no me han permitido rendir mi versión de los hechos por vía telemática, ya que me encuentro a buen recaudo y exigen que lo haga únicamente de manera presencial en el Ecuador”.
Subraya que sobre él pesa una orden de prisión preventiva y una boleta de captura, por lo que comparecer presencialmente significaría ser retenido en una cárcel, pese a las amenazas de muerte que he denunciado.
Asimismo, habla de un juzgamiento por un mismo acto, imputación atípica, prisión preventiva arbitraria, amenazas de muerte, violación a la presunción de inocencia, ausencia de jueces independientes, persecución selectiva y afectación a su capacidad de defensa.
Por ello, solicita a los organismos internacionales que exhorten al Estado ecuatoriano para que comparezca a las audiencias de manera virtual, se realice un seguimiento del caso y que las autoridades se abstengan de difundir narrativas en su contra.
FUENTE: VISTAZO