Desde este martes, la audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada empezó desde cero, y los abogados del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de su esposa, Fiorella Icaza, solicitaron la nulidad de todas las actuaciones de la Fiscalía, que acusa a la familia Álvarez de conformar una estructura de lavado de activos.
Su abogado, Ramiro García, argumentó que se vulneró el derecho a la defensa por problemas en la notificación formal; no pudieron completar las pericias contables y tributarias que solicitaron.
Presuntos errores procesales
La nulidad también la pidieron otros tres de los 26 procesados, que, a través de sus abogados, argumentaron un presunto error procesal porque se hicieron diligencias fuera del plazo de la instrucción fiscal, que es la etapa donde la Fiscalía reúne los elementos para probar el delito. Además, reclamaron que esa fase se extendió más de 120 días de lo que establece la ley.
Esa audiencia, que se reinició por completo, se extenderá hasta el 13 de septiembre, luego de que los jueces Sebastián Cornejo y Carol Zambrano declararon la nulidad de esa etapa procesal que se hizo en agosto debido a que el juez Jairo García, que llevaba ese proceso, fue suspendido de manera temporal por demoras en otra causa penal. En esta fase se deberá resolver si los procesados deberán ir a juicio.
Traslado médico pendiente y sentencias previas
Mientras el caso se desarrolla, la defensa de Aquiles Álvarez denunció en redes sociales que desde el 4 de agosto el SNAI no responde a las dos solicitudes para que el alcalde de Guayaquil sea trasladado desde la Cárcel del Encuentro hasta una clínica privada, donde le puedan extraer los cálculos de su vesícula.
En el último pedido, el abogado de Álvarez escribió: «Como consecuencia directa de la falta de respuesta, la intervención médica debió ser reprogramada, habiéndose fijado como nueva fecha para su realización el día 15 de septiembre de 2026».
Entretanto, el alcalde de Guayaquil ya enfrenta dos sentencias en primera instancia. La primera de 3 años de prisión por no usar el grillete y la segunda de 6 años y 8 meses por tráfico ilegal de combustible en el caso Triple A.
FUENTE: ECUAVISA