Dos años después de que iniciara el proceso penal contra Aquiles Álvarez, el caso Triple A está en fase de deliberación. El Tribunal analiza el pedido de la Fiscalía, que acusó al alcalde de Guayaquil como autor directo en un esquema de presunta comercialización ilegal de hidrocarburos y pidió una sentencia de seis años y ocho meses con agravantes.
Pero el caso Triple A no es la única acusación penal que enfrenta Álvarez o su círculo familiar o empresarial. De hecho, al año y medio, Álvarez y sus hermanos fueron detenidos en el marco de una segunda investigación en el denominado caso Goleada por presunto lavado de activos que se desprende de la primera acusación.
Tras la incursión en su casa ubicada en Samborondón, surgió un tercer proceso penal luego de que las autoridades lo acusaran de no portar el grillete electrónico: incumplimiento de decisiones de autoridad competente en el que fue sentenciado la noche del lunes 3 de julio de 2026.
Es decir, Álvarez tiene tres frentes abiertos ante la justicia:
| Caso | Etapa | Número de procesados | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| Triple A | Juicio – deliberación de tribunal | 15 personas y seis empresas. | Julio 2024 |
| Goleada | Preparatoria de juicio | 17 personas y nueve empresas. Incluye a los hermanos Álvarez y a la esposa de Aquiles. | Febrero 2026 |
| Grillete | Sentencia | 1 persona (Aquiles Álvarez) | Febrero 2026 |
Pero, ¿en qué consiste cada proceso penal, en qué fase se encuentra y cuáles son los argumentos de la Fiscalía? A continuación, los puntos clave de los casos Triple A, Goleada y Grillete.
Caso Triple A: Tribunal Penal delibera la sentencia contra Aquiles Álvarez y círculo societario
17 días ha durado el juicio contra Aquiles Álvarez y su esquema empresarial por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. En julio de 2024, la Fiscalía acusó al alcalde de Guayaquil de presuntamente liderar con su conglomerado societario, un esquema para adquirir combustible subsidiado por el Estado, destinado a los segmentos automotriz y naviero, para comercializarlo al ámbito industrial y naviero internacional.
Supuestamente, la red operó bajo la modalidad del cambiazo. Habrían desviado más de 22 millones de galones de combustible, ocasionando un supuesto perjuicio económico al Estado por más de USD 61.5 millones.
Las autoridades allanaron varias estaciones de combustible. El caso surgió tras una denuncia de la entonces coordinadora zonal de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), Nicole Bermúdez. En su primer testimonio, señaló que recibió un informe del SRI sobre despachos de combustible versus facturación declarada entre 2022, 2023 y 2024. En dicho documento se habría evidenciado posibles diferencias entre despachos de gasolina que realizó Petroecuador y las facturas declaradas por las compañías mencionadas.
Pero en una segunda versión, señaló que recibió órdenes directas de un funcionario del Ministerio de Energía tras presuntas presiones que recibía José Julio Neira.
Por su parte, la ARCH manifestó en el juicio que el caso nació de una alerta emitida en 2023 por el Ministerio de Finanzas ante un crecimiento inusual en las ventas de 456 estaciones de servicio, según señaló Christian Puente, director de la ARCH. Según Puente, el aparato empresarial vinculado a Álvarez compraba el combustible subsidiado y lo vendía a un precio mayor en segmentos no autorizados. Así habrían superado en más de 90 000 veces el límite legal para considerar “el delito a gran escala”.
La red supuestamente inobservó controles de la ARCH y cláusulas contractuales mantenidas con Petroecuador. Entre las irregularidades detectadas, estaba el despacho de 64 millones de galones a embarcaciones que no contaban con matrícula. Además en las estaciones, las facturas se llenaban con placas vehiculares repetidas miles de veces para justificar las ventas.
La defensa de Álvarez rechazó las acusaciones y sostuvo que se acusa al alcalde de un delito que no existe. El abogado Ramiro García indicó que la Fiscalía cometió un grave error al señalarlo basándose en una ley que no corresponde al periodo investigado.
Los abogados de las compañías acusadas puntualizaron que operaban bajo el estricto amparo de la ley y autorizaciones emitidas regularmente por las autoridades. Además, remarcaron que los testigos de la Fiscalía reconocieron la validez de los permisos. Así mismo, detallaron que las presuntas fallas de facturación corresponden al ámbito administrativo y regulatorio.
La Fiscalía pidió la pena máxima contra Aquiles Álvarez y otros 14 procesados. Solo solicitó una reducción de condena para un cooperador eficaz. Hasta el momento, el Tribunal Penal no ha fijado fecha para dictar su resolución.
Pero aunque en este caso llegase a ser declarado inocente, Álvarez tiene aún otro proceso penal en curso, el caso Goleada, pues por el uso del grillete ya fue sentenciado.
Caso Grillete: Aquiles Álvarez fue sentenciado a tres años
En julio de 2026 arrancó el segundo juicio contra Aquiles Álvarez pero por presunto incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Esto en el denominado caso Grillete, en el cual ya fue sentenciado a tres años de prisión.
Dicho proceso penal derivó tras una denuncia presentada contra Álvarez en febrero de este año tras el allanamiento en su casa de Samborondón. Según las autoridades, se había quitado el grillete electrónico y a raíz de la denuncia surgieron detalles de la supuesta manipulación del dispositivo y fallas técnicas.
Álvarez tenía el dispositivo como una medida alternativa a la prisión que le fue otorgada tras ser llamado a juicio por el caso Triple A en julio de 2025. Cuando le formularon cargos por el tema del grillete, se dictó prisión preventiva en su contra y en un informe constaban más de 2 700 alertas que generó el dispositivo.
El lunes 3 de agosto de 2026, se desarrolló la tercera jornada de juicio por este caso. La defensa de Álvarez presentó sus testigos, al igual que la Fiscalía. La jueza dio paso a los alegatos finales antes de pasar a la etapa de deliberación. Tras culminar esa fase, el Ministerio Público pidió la pena máxima contra Álvarez que es de tres años, la cual fue acogida por el Tribunal que emitió la sentencia.
En redes sociales, el abogado Julio César Cueva, que integra la defensa de Álvarez, cuestionó la resolución. Señaló la supuesta connotación política, una “celeridad extraordinaria en el trámite” y para “fijar y realizar las audiencias”.
Caso Goleada: audiencia preparatoria de juicio aplazada
El 11 de febrero de 2026 arrancó el caso Goleada y actualmente está en preparatoria de juicio. Inicialmente, fue por delincuencia organizada, donde se formularon cargos contra los hermanos Álvarez y otras ocho personas. La Fiscalía investigó la presunta creación de un entramado empresarial destinado a vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional.
En esta causa son en total 17 personas y nueve empresas procesadas. Inicialmente fueron 11 acusados. Para marzo, se vinculó al asambleísta Raúl Chávez, señalado como comisionista de las empresas.
En mayo, la Fiscalía reformuló los cargos por presunto lavado de activos, acogiendo el criterio del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Dos semanas después, el 29 de mayo, se produjo una segunda vinculación que incorporó al proceso a la esposa y la madre del alcalde, dos de sus primos, la contadora de las empresas y nueve personas jurídicas.
El caso Goleada tiene como supuesto delito precedente el almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos investigado en el caso Triple A. Según uno de los testigos de la Fiscalía, la estructura se aprovechó del subsidio del Estado para su beneficio económico.
La Fiscalía señaló que se habría estructurado un modelo empresarial destinado a generar las ganancias ilícitas mediante la venta de combustible. Y, mediante empresas de papel -domiciliadas en Panamá- , se habría desviado el combustible y obtenido el dinero.
La entidad sostuvo que los procesados habrían efectuado traspasos de bienes sin respaldo y simularon la prestación de servicios, especialmente después del caso Triple A. Además de adquirir bienes inmuebles sin necesidad de créditos o financiamiento. Inyectaron capital económico -aproximadamente USD 2 millones- al equipo de fútbol Barcelona, en varios préstamos.
En la audiencia de vinculación de la mamá y la esposa de Álvarez, la Fiscalía acusó a los familiares del alcalde de Guayaquil de supuestamente recibir transferencias de acciones y capitales de las compañías investigadas en el caso Triple A.
De acuerdo al detalle de Fiscalía, la mamá de Álvarez adquirió en representación de una inmobiliaria, vehículos en USD 325 000, USD 120 000 y USD 63 000, cuyos vendedores eran Aquiles Álvarez y su esposa. También una vivienda valorada en USD 1.2 millones, un terreno en USD 162 000 y un departamento en USD 120 000.
La esposa de Álvarez, como representante de una inmobiliaria, compró dos departamentos en Blue Bay de Isla Mocolí, valorados en USD 304 000 y USD 335 000, y suscribió la promesa de compraventa de una gasolinera por USD 4 millones, entregando un anticipo de USD 1 millón en cheque.
Ellas no guardan prisión preventiva. En ocasiones anteriores, los abogados han señalado que no son acciones de lavado de activos, sino transacciones societarias lícitas.
Este martes estaba prevista la instalación de la audiencia preparatoria de juicio, pero fue aplazada. La defensa de Álvarez justificó la solicitud de diferimiento con la audiencia de juicio en el caso del grillete electrónico.
FUENTE: ECUAVISA