La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este lunes 3 de agosto que su Gobierno analizará la solicitud de indulto humanitario presentada a favor del expresidente Alejandro Toledo, quien cumple condenas por delitos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. Al regresar a Lima tras una visita oficial a la región de Piura, la mandataria explicó que el trámite será sometido a una evaluación especializada antes de que el Ejecutivo adopte una decisión, según declaraciones recogidas por RPP.
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«Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis: un carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria», manifestó Fujimori ante la prensa. La jefa de Estado añadió que el proceso no podrá iniciar hasta que se designen los integrantes de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, organismo encargado de revisar las solicitudes y emitir una recomendación al Gobierno.
«Estas personas empezarán, cuando asuman sus funciones, a hacer el análisis correspondiente», señaló.
Toledo busca una gracia presidencial por motivos de salud
Alejandro Toledo en el momento en el que fue extraditado a Estados Unidos.
El pedido de indulto fue impulsado por el propio Toledo y respaldado públicamente por su esposa, Eliane Karp, quien el domingo reiteró el llamado al Ejecutivo para conceder la medida. La ex primera dama pidió a Fujimori que priorice la reconciliación y recordó la experiencia de la familia presidencial con procesos judiciales. Además, la mandataria expresó sus condolencias a Karp por el fallecimiento de su madre, Eva Fernenbug, ocurrido el sábado en Bruselas, luego de que la ex primera dama revelara que no pudo despedirse de ella debido a las órdenes de captura internacional que pesan en su contra.
Alejandro Toledo, de 81 años, permanece recluido desde 2023 en el penal de Barbadillo, tras ser extraditado desde Estados Unidos. En 2024 fue sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por recibir sobornos de Odebrecht para favorecer la construcción de un tramo de la Carretera Interoceánica Sur y, en 2025, recibió una segunda condena de 13 años y cuatro meses por la compra de bienes con dinero proveniente de esos actos de corrupción. El proceso judicial en su contra se inició en 2016, cuando estalló el caso Odebrecht en América Latina, según el Poder Judicial peruano.
FUENTE: ECUAVISA