La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal que declare culpables a los 21 procesados —15 personas naturales y seis jurídicas— en el caso Triple A, por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala. Durante su alegato de clausura, la entidad pidió aplicar la pena máxima, con las agravantes correspondientes, al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a los demás acusados, de acuerdo con el grado de participación atribuido a cada uno.
La fiscal Ruth Amoroso sostuvo que la prueba presentada durante el juicio permitió demostrar la existencia de un entramado empresarial que habría desviado combustibles subsidiados hacia segmentos para los cuales no estaban autorizados. Según la acusación, el mecanismo denominado “cambiazo” consistía en adquirir combustible destinado a los sectores automotor y naviero nacional para comercializarlo posteriormente, sin subsidio, en los segmentos industrial y naviero internacional.
La Fiscalía atribuyó la calidad de autores directos a siete personas naturales, entre ellas Aquiles Alvarez, y a las seis compañías procesadas. Además, señaló a otras siete personas como coautoras y a una como cómplice, para quien solicitó la aplicación de una atenuante trascendental. Para los acusados como autores, el organismo requirió una pena de hasta seis años y nueve meses de prisión, además de las multas establecidas en la normativa penal.
Respecto de las personas jurídicas, la Fiscalía pidió la disolución y clausura definitiva de Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi. También solicitó multas de hasta 1.000 salarios básicos unificados para cada compañía y una reparación integral material e inmaterial. La acusación calcula que el presunto perjuicio causado al Estado asciende a USD 61,5 millones, correspondiente a más de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.
La ARCH y Petroecuador, que actúan como acusadores particulares, respaldaron el pedido de pena máxima y reparación integral. Según estas instituciones, el supuesto esquema funcionó entre 2020 y 2024 dentro de la cadena formal de distribución, mediante ventas a segmentos no autorizados, facturas por volúmenes superiores a los recibidos y operaciones con empresas que no podían comercializar entre sí.
FUENTE: TELÉGRAFO