El caso Goleada, en el que está procesado Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y su familia, nació de una denuncia de un exempleado suyo, dos celulares y una laptop.
Según el expediente judicial, la investigación se abrió a partir de esa entrega realizada por José Ricardo Cevallos, exgerente de Copedesa que también está procesado en el caso Triple A, a finales de diciembre de 2025. Ahora forma parte del programa de protección a testigos y sus medidas cautelares en ese proceso se han vuelto más flexibles.
Esos dispositivos quedaron bajo cadena de custodia y luego fueron sometidos a una pericia informática. Para Fiscalía, allí estaba una parte importante del mapa del supuesto entramado: chats, archivos, liquidaciones de comisiones, facturas, reportes internos, guías de remisión y conversaciones que, según su tesis, permitían reconstruir cómo habría funcionado una estructura empresarial que habría incurrido en delitos.
La causa arrancó por presunta delincuencia organizada. Sin embargo, con el paso de las audiencias, a Fiscalía reformuló cargos por lavado de activos. Al inicio, el Ministerio Público sostenía que existía una organización con roles definidos. Luego ha buscado demostrar que el dinero presuntamente obtenido de la comercialización ilegal de combustibles fue movido, ocultado, administrado, transferido o integrado al sistema financiero mediante empresas, facturas, comisiones, vehículos, inmuebles y movimientos societarios.
La tesis de Fiscalía parte que el grupo empresarial de los Álvarez habría comprado diésel en segmentos subsidiados —automotriz y naviero nacional— y luego lo habría colocado en segmentos sin subsidio —industrial y naviero internacional—. La ganancia, según esa hipótesis, salía de la diferencia entre el precio subsidiado y el precio real o internacional.
En el centro de esa teoría aparece Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. Para Fiscalía, Ternape compraba diésel con destino al segmento naviero nacional, pero ese combustible habría terminado abasteciendo embarcaciones extranjeras. La Fiscalía sostiene que esa operación habría generado un perjuicio al Estado, pues el combustible vendido con subsidio estatal habría sido revendido a precios sin subsidio.
La otra compañía clave es Flonape Overseas S.A., registrada en Panamá. Según Fiscalía, esa sociedad habría servido para justificar contablemente operaciones de Ternape. La teoría fiscal dice que, como Ternape no podía registrar abiertamente ciertas ventas internacionales sin revelar el supuesto desvío, se usó a Flonape como vehículo para registrar facturación, pagos o deudas.
Con respecto a esa hipótesis, Fiscalía mencionó que Ternape habría facturado a Flonape cerca de ocho millones de galones entre octubre de 2022 y octubre de 2023, por más de USD 13,5 millones. También sostuvo que Flonape no constaba como propietaria o armadora de embarcaciones, pero aparecía relacionada con despachos de combustible para naves extranjeras o de bandera internacional.
Las defensas de los procesados sostienen que el negocio de combustibles es regulado, bancarizado y documentado. Alegan que no se puede comprar, transportar o vender combustible sin permisos, cupos, guías, facturas y controles oficiales. También insisten en que Fiscalía usa chats, una denuncia reservada y la versión de un testigo, pero sin pericias financieras, contables, patrimoniales y especializadas en lavado de activos que cierren técnicamente la acusación.
Las evidencias recopiladas contra los Álvarez
A Aquiles Álvarez, Fiscalía lo presentó como una de las cabezas de la estructura. En la reformulación, Fiscalía atribuyó a Aquiles un papel de dirección. Lo relacionó con decisiones societarias, transferencias de dinero desde Ternape, compras de bienes, aumentos de capital y chats en los que supuestamente se hablaba de mover operaciones hacia el segmento internacional.
Uno de los puntos más relevantes fue la presunta instrucción para facturar combustible como lubricante. Según Fiscalía, Cevallos dijo que Aquiles habría dado directrices a contadoras para que el combustible enviado de Ternape a Corpalubri fuera registrado de esa manera- El Ministerio Público sostuvo que Ternape no tenía proveedores ni inventarios de lubricantes y que Corpalubri registraba grandes compras de lubricantes sin ventas finales equivalentes.
Con respecto al patrimonio del alcalde de Guayaquil, se indicó que ha adquirido un terreno de 15 hectáreas en Villingota por USD 105 000; la gasolinera El Cruce, en Naranjal, por USD 1,7 millones; un terreno en la vía a la Costa por USD 2 millones; otro terreno de tres hectáreas en Santa Elena por USD 2 millones; una promesa de compraventa en Santo Domingo por USD 1,8 millones; y destinó USD 2,3 millones para la construcción de la gasolinera Cerecita.
Fiscalía también mencionó transferencias de Ternape a cuentas personales de Aquiles por USD 715 000 en mayo de 2023. Según la exposición fiscal, esos valores habrían salido de cuentas de Ternape en Banco Bolivariano, Banco Internacional y Banco Guayaquil.
La Fiscalía sostuvo que Aquiles habría instruido el cambio de razón social de Grupo Fronape/Berceas S.A. a Grupo Alva3 S.A. para evitar que se relacionara con la empresa panameña Flonape. También se habló de transferencias accionarias a sus primos Fernando y Andrés Viteri y de cambios de representación legal en varias empresas.
En los chats citados, Fiscalía mencionó uno del grupo “Alva 3”, en el que un contacto atribuido a Aquiles habría dicho que había que empezar a “sacar internacional”, con referencia a 150 000 galones mensuales. También se citó una conversación sobre que Álvarez habría intentado evadir controles de las autoridades. En octubre del 2022 se habla de una transferencia de USD 18 mil mediante su tío José Ricardo Hidalgo, también uno de los procesados, a un funcionario de la Aduana en Manta y que USD 6 mil se tendrían que seguir pagando mensualmente.
Para Fiscalía, Aquiles no era solo un accionista o empresario: era quien habría tomado decisiones para mover combustible, dinero, sociedades y bienes. Su defensa ha rechazado esa tesis y ha sostenido que el expediente usa inferencias y hechos ya discutidos en el caso Triple A.
El abogado Ramiro García cuestionó que la Fiscalía pretendiera convertir actos societarios o comerciales en lavado de activos. A su criterio, si adquirir acciones, reformar estatutos, aumentar capital, comprar bienes, transferir fondos entre compañías o recibir sueldos fueran tratados automáticamente como lavado, se destruiría toda la actividad comercial, mercantil y societaria del país.
García sostuvo que Fiscalía no precisó qué presunta acción de lavado de activos se atribuía a cada procesado. Es decir, para la defensa no bastaba con decir que todos actuaron como autores directos de ese presunto delito; Fiscalía debía explicar quién ocultó, quién transfirió, quién administró, quién prestó su nombre, quién adquirió bienes o quién realizó operaciones financieras para dar apariencia lícita a fondos ilícitos.
Antonio Álvarez: el frente comercial y naviero
A Antonio Álvarez, quien es presidente de Barcelona Sporting Club, la Fiscalía lo identificó como una figura central en la operación comercial de Ternape y Corpalubri. Según la versión fiscal, como gerente de Ternape habría impulsado una estrategia agresiva en el segmento naviero, vendiendo diésel premium a embarcaciones internacionales por debajo del precio del mercado, con líneas de crédito de hasta 120 días.
La Fiscalía sostuvo que su cartera incluía embarcaciones que habrían acumulado deudas superiores a USD 2 millones. También se le atribuyeron compras patrimoniales: la gasolinera Sevilla de Oro por USD 220 000; un terreno en la vía Guayaquil-Daule por USD 405 000; un terreno en Blue Bay, Samborondón, por USD 465 000; la gasolinera San Clemente, en Manabí, por USD 570 000; y un contrato de compraventa de acciones de una radio de Guayaquil por USD 650 000, junto con su hermano Xavier Álvarez.
Fiscalía detalló sus cargos en distintas compañías: gerente general de Ternape, gerente de Corpalubri, presidente de Inmobiliaria Álvarez Hache, presidente de Indudiesel, gerente de Opercoloy y presidente de Grupo Alva3.
Su defensa cuestionó que la Fiscalía convierta operaciones empresariales, créditos, clientes y compras documentadas en indicios de lavado sin una pericia financiera que muestre esa hipótesis.
El rol de Xavier Álvarez
Al hermano menor, Xavier Álvarez, Fiscalía lo vinculó con Indudiesel, Grupo Alva3, Corpalubri, Ternape e Inmobiliaria Álvarez Hache. Según la tesis fiscal, su rol estuvo más ligado a estructuras societarias, compras de bienes y movimientos de capital.
Fiscalía sostuvo que, como gerente de Indudiesel, Xavier habría adquirido el centro de distribución Normalux, en Daule, por USD 350 000. Para el Ministerio Público, esa operación habría servido para diluir controles regulatorios. También se lo relacionó con el cambio de denominación de Grupo Fronape/Berceas S.A. a Grupo Alva3 S.A.
En el plano patrimonial, Fiscalía mencionó un terreno en Blue Bay por 561.768 dólares; un departamento en Guayaquil por USD 120 000; una vivienda en Ventura Resort, Santa Elena, por USD 1,27 millones; y transferencias de Ternape a Inmobiliaria Álvarez Hache para financiar parte de esa última compra.
Su defensa ha sostenido que se trata de actos societarios y patrimoniales documentados, y que Fiscalía no demuestra que esos bienes provengan de un delito ni que haya un acto concreto de lavado atribuible a Xavier.
Los señalamientos contra la esposa y la madre de Aquiles Álvarez
Gioconda Henriques, madre de los hermanos Álvarez, fue vinculada al proceso a fines de mayo. Fiscalía sostiene que la transferencia del 100 % de acciones de Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Álvarez Hache S.A. a su favor habría sido un acto de ocultamiento del verdadero beneficiario final.
Según Fiscalía, esas transferencias ocurrieron después que iniciaran las investigaciones caso Triple A. También se menciona que Gioconda aparece como accionista única de Inmobiliaria Fiorema, aunque no habría registros de pagos o movimientos de dinero de ella hacia esa empresa.
La Fiscalía cita varias compraventas firmadas por Gioconda en representación de Fiorema, entre ellas:
- Mercedes Benz, valorado en USD 325 990.
- Ford Expedition, por USD 120.000.
- Toyota Land Cruiser, por USD 63 996.
En esas operaciones, según Fiscalía, constan como vendedores Aquiles Álvarez y su esposa, Fiorella Icaza. Fiscalía sostiene que Icaza fue beneficiaria de fondos de empresas investigadas y beneficiaria final de bienes incorporados al supuesto esquema de lavado. También dice que fue accionista y administradora de Inmobiliaria Fiorema S.A.
Fiscalía también menciona afiliaciones laborales en Ternape y Corpalubri, con sueldos de USD 8 000 mensuales en cada empresa desde agosto de 2024.
Entre las operaciones atribuidas a Fiorella o a Fiorema, la Fiscalía cita:
- Compra de departamento en Blue Bay Tower 1, Samborondón, por USD 304 000.
- Compra de departamento en Blue Bay Tower 2 por USD 335 000.
- Promesa de compraventa de la gasolinera Petroquili, en Guayaquil, por USD 4,2 millones, con entrega inicial de USD 1 millón de su esposo.
Según el acta resumen de la audiencia de vinculación, la defensa de Gioconda Henríques y Fiorella Icaza no centró su intervención en una refutación extensa de lo dicho por Fiscalía, sino en las medidas cautelares. El juez dispuso la presentación periódica quincenal de Gioconda en Miami y ordenó que Fiorella se presente cada 15 días en la Fiscalía de Guayaquil.
FUENTE: ECUAVISA