El caso Goleada está detenido. El proceso en el que se investiga por presunto lavado de activos al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a otras 16 personas y a nueve empresas, no tiene juez ni fecha para retomar la audiencia preparatoria de juicio.
El juez José Sebastián Cornejo se apartó del proceso la noche del 8 de septiembre, el mismo día en que había instalado la audiencia. La razón es una resolución del Consejo de la Judicatura, del 7 de septiembre, que eliminó la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado donde trabajaba Cornejo y donde se tramitaba el caso. Esos procesos pasaron a la unidad penal de Iñaquito.
El jueves 10 de septiembre de 2026, el expediente fue enviado a sorteo. La audiencia debía continuar entre el 9 y el 13 de septiembre, pero se canceló.
Cornejo no anuló lo actuado. De acuerdo con la ley que citó, el nuevo juez debe continuar desde donde quedó el proceso.
Un caso que llegará a su cuarto juez
La audiencia se ha aplazado varias veces desde julio. El 21 de agosto, el Consejo de la Judicatura suspendió 30 días sin sueldo al juez titular, Jairo García, por negligencia en otro proceso.
Cornejo tomó el caso y el 23 de agosto anuló lo que García había avanzado. Después, la jueza Karol Zambrano, encargada del despacho mientras Cornejo estaba de vacaciones, amplió esa anulación y volvió a convocar a la audiencia para el 8 de septiembre. Tras García, Cornejo y Zambrano, el sorteo definirá al cuarto juez del caso.
Lo que pasó en la audiencia
El 8 de septiembre solo se escuchó a las defensas, que pidieron anular el proceso por errores de procedimiento. La Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que también acusa, no alcanzaron a responder.
El principal reclamo fue que la etapa de investigación duró 139 días, cuando la ley permite un máximo de 120. Empezó el 11 de febrero y terminó el 30 de junio, porque en mayo el juez García concedió 30 días más.
Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, dijo que para ampliar el plazo se usó «una figura denominada tiempo muerto que no existe en nuestra legislación». Carlos Soria, defensor de Pablo Pita y del asambleísta Raúl Chávez Núñez del Arco, calificó esa etapa como «una instrucción fiscal zombi». Soria también pidió que el caso de Chávez pase a la Corte Nacional de Justicia, porque es asambleísta en funciones.
Gabriela Moreira, abogada de Antonio Álvarez, hermano del alcalde, pidió esperar la información que se solicitó a Estados Unidos sobre chats de WhatsApp usados por la Fiscalía. Al final del día, el juez suspendió la diligencia. «Esta diligencia se va a suspender el día de hoy y nos la instalamos el día de mañana», anunció. Esa jornada ya no se realizó.
FUENTE: ECUAVISA