Ronald Herrera, expolicía y testigo en el caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, aceptó ser extraditado a Estados Unidos este miércoles 9 de septiembre, en una audiencia que duró apenas 30 minutos.

Antes de confirmar su decisión, pidió un receso de 10 minutos para hablar a solas con su abogada. Luego comunicó su voluntad a Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

De agente de élite a informante clandestino

Herrera se incorporó a la Policía en 2013 y luego pasó a la Unidad de Investigación Antidelincuencial (UIAD), una unidad selecta dedicada a desarticular bandas criminales. Allí fue formado en inteligencia, vigilancia y rastreo, y usaba el alias «Jonathan» para infiltrarse.

En esa unidad participó en los operativos «Eslabón», promovidos por el entonces ministro del Interior, José Serrano, quien terminó reclutándolo para misiones clandestinas. Según su testimonio, esas misiones incluían vigilar y seguir a opositores políticos, implantar evidencias en allanamientos, entregar 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana a disidentes de las FARC y comprar armamento a ese grupo subversivo para entregarlo luego a la organización delictiva Los Choneros.

Herrera aseguró que, en agradecimiento, era el oficial elegido para los mejores cursos y las felicitaciones que abonaban a su hoja de vida, clave para los ascensos. «Recuerdo en una ocasión en el auditorio del Cuartel Policial La Delicia, en Quito, personalmente me condecoró con la condecoración al mérito profesional», relató sobre Serrano.

La caída y el encuentro con Daniel Salcedo

Serrano lo envió a proteger a dos familias en Cuenca. Allí fue apresado por el robo y asesinato de un comerciante, hecho que Herrera atribuyó a una mujer que era su fuente de información.

«Por robarle la cantidad de mil dólares lo terminaron matando y prácticamente me vincularon arbitrariamente en ese proceso y me dieron una sentencia de 34 años y 8 meses por un delito que no cometí en el grado de coautor. La institución policial me dio la espalda y el doctor José Serrano se abstuvo de pronunciarse al respecto», declaró.

Cumplió su condena en la Cárcel 4 de Quito, donde conoció a Daniel Salcedo, a quien Herrera atribuye la compra de su libertad en 2022. Su paso en libertad fue breve: volvió a ser detenido por el robo de cajeros automáticos y desde entonces se mantiene cercano a Salcedo.

Pieza clave en el caso Villavicencio

Hoy, al igual que Salcedo, Herrera es una de las fuentes de información en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. En el proceso, mencionó que José Serrano habría ordenado el rastreo y la vigilancia del entonces candidato presidencial.

Salcedo enfrentará su propia audiencia de extradición a las 15:00 de este miércoles, donde deberá decidir si acepta o no ser trasladado a Estados Unidos.

Un proceso que el Gobierno esperaba acelerar

La aceptación de Herrera se da días después de que el ministro del Interior, John Reimberg, confirmara que el Gobierno esperaba extraditar a Salcedo y Herrera a Estados Unidos en menos de un mes. Según Reimberg, ambos enfrentan procesos en ese país, principalmente por tráfico de drogas.

«Son algunos delitos que se han cometido y que obviamente tienen participación o afectan a los Estados Unidos. Una vez que eso hacen, se levantan los diferentes cargos allá, con lo cual se pide la extradición y Ecuador, por supuesto, acepta la extradición para que sean enviados allá. Este proceso ya ha ido avanzando, no es que recién se inicia», explicó el funcionario.

El abogado de Salcedo, Renato Montero, había dicho antes que su cliente no tiene causas abiertas en Estados Unidos, y que su cooperación en el caso Villavicencio, entregando información sobre delitos cometidos en ese país, fue lo que abrió negociaciones previas para buscar una pena adecuada y un centro de reclusión seguro para ambos.

Reimberg no precisó cuántos ecuatorianos integran la lista de extraditables, pero confirmó que todos están contemplados para ser enviados a Estados Unidos, país que reconoce a Los Choneros, Los Lobos y Chonekillers como grupos terroristas.

FUENTE: ECUAVISA

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