Tres jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) son investigados por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de cohecho. Se trata de Milton V. D., Patricio S. D. e Iván L. O., integrantes del tribunal que en diciembre de 2023 ordenó al Ministerio de Educación pagar USD 59,3 millones a la empresa china Railway No. 9 Engineering Group por la terminación del contrato de las Escuelas del Milenio.
La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, allanó ayer 29 de julio varios inmuebles ubicados al norte de Quito. Según indicó la identidad, en los operativos se incautaron documentos, celulares y computadoras que ahora forman parte de la investigación.
La indagación contra los tres jueces nació del testimonio anticipado de Michael Hernández, sentenciado dentro del caso Plaga, el proceso penal que destapó una red de jueces, abogados y funcionarios que cobraban sobornos para excarcelar a presos a través de habeas corpus y medidas cautelares.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, Hernández relató que, durante un evento realizado en Guayaquil, mantuvo reuniones con varias personas y allí conoció que los magistrados ahora indagados habrían gestionado la emisión del fallo para la empresa china, que según su criterio, llevaba varios años represada.
El relato del testigo: una fiesta en Samborondón y un presunto pago de USD 30 mil
Según consta en el acta de su testimonio anticipado en el caso Plaga, Hernández relató en septiembre de 2024 que conoció el manejo del caso China Railway en una fiesta de Guayaquil.
El testigo contó que el 26 de junio de 2023 asistió a un cóctel ofrecido por la entonces presidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola Gallardo (sentenciada actualmente por el caso Purga), al que llegaron varios jueces, entre ellos Iván Saquicela Rodas, en ese momento presidente de la Corte Nacional y José Suing.
Después del cóctel, el grupo se trasladó a un evento privado en un bar Rooftop de Samborondón, organizado por Juan Pablo Á.
Ahí, según su declaración, Juan Pablo Á. se le acercó y le dijo que tenía «manejo» en la Corte Nacional, que era uno de los mejores amigos de Milton V. y que tenía acceso directo a la entonces conjueza Hipatia O.
El testigo afirmó que, tiempo después, se enteró de que Juan Pablo Á.y otras personas de ese círculo estaban al tanto del proceso de la empresa china contra el Ministerio de Educación, «un caso por más de USD 59 millones» que, según sus palabras, llevaba años sin resolverse por su complejidad y cuantía.
El testigo relató además una reunión previa, unos dos años antes de su testimonio, en el restaurante Carmine de Quito, en la que participaron Iván Saquicela, el juez Felipe C., un empresario chino, un traductor y él mismo, y en la que ya se habría comentado el estado del juicio.
Según su versión, Álex Palacios, entonces director jurídico de la Judicatura y quien luego sería sentenciado por el caso Metástasis, le comentó que había conversado con Milton V., a quien Palacios dijo que tenía amistad con él, para que se señale la audiencia de fundamentación del recurso.
El testigo dijo también que, en una conversación posterior, Andrés V., hombre cercano a Saquicela, le contó que el caso ya había superado la fase de admisión parcial a favor de la empresa china y que a Saquicela le habrían pagado aproximadamente USD 30 000 para fijar la audiencia y «acordar» con Velázquez. El testigo mencionó a un «doctor Villacís» que también se habría encargado del tema.
Un contrato para 200 escuelas prefabricadas que terminó en juicio
Este litigio se remonta a un contrato entre el Ministerio de Educación y China Railway No. 9 Engineering Group para la adquisición, ensamblaje e instalación de 200 Escuelas del Milenio a escala naciona.
El 2 de julio de 2018, el Mineduc terminó el contrato de forma unilateral y anticipada después que no se entregaran la cantidad de unidades educativas acordadas, entre otros incumplimientos. La empresa china demandó al Estado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, que el 21 de abril de 2021 declaró ilegal esa terminación y ordenó el pago de la liquidación contractual más intereses, por un total de USD 67 millones.
Tanto el Mineduc como la Procuraduría General del Estado (PGE) presentaron recurso de casación. El expediente llegó a la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, integrada por Milton V. D., Patricio S. D. e Iván L. O.. El sorteo del 2 de mayo de 2023 asignó la ponencia a Milton V..
La sentencia que ahora se investiga
La audiencia de fundamentación del recurso empezó el 7 de septiembre de 2023, se suspendió por la complejidad del caso y se reanudó el 14 de diciembre de 2023, día en que el tribunal resolvió por unanimidad.
Los jueces negaron el recurso de la Procuraduría y aceptaron parcialmente el del Ministerio de Educación, al detectar un vicio de «extra petita»: la sentencia de instancia había reconocido a la empresa un rubro por IVA que nunca fue parte de sus pretensiones. Por esa razón, casaron el fallo original y dictaron ellos mismos una nueva sentencia de mérito, en la que ordenaron pagar USD 59 334 103,17.
Este monto incluye USD 19,9 millones por gastos ejecutados por la empresa y USD 39,3 millones por la devolución de garantías de anticipo y cumplimiento de contrato. La sentencia también dejó sin efecto las multas impuestas a la constructora y dispuso que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) vuelva a habilitar a la empresa como contratista del Estado.
El tribunal fundamentó el pago en que ninguna de las dos partes, ni el Ministerio de Educación ni la contratista, podía beneficiarse de su propio incumplimiento, y en que el Estado no puede confiscar ni desconocer las inversiones de una empresa que actuó de buena fe, incluso si hubo errores en la naturaleza del contrato.
Qué investiga ahora la Fiscalía
El delito de cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona a la o el servidor público que solicite o reciba, por sí mismo o por interpuesta persona, un beneficio para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar un acto propio de sus funciones.
La Fiscalía aclaró que continúa practicando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, con respeto al debido proceso. Hasta el momento, la indagación se encuentra en fase de investigación previa y ningún juez ha sido formalmente procesado por este caso.
FUENTE: ECUAVISA