La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia anunció la apertura de una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en política de cara a las elecciones presidenciales previstas para el domingo 31 de mayo de 2026. La medida fue adoptada luego de varias declaraciones y publicaciones realizadas por el mandatario en redes sociales relacionadas con el proceso electoral.
En el documento oficial, firmado por el secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, se indica que la decisión se tomó en aplicación de las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992. El texto señala que la investigación busca determinar si Petro incurrió en el delito de “intervención en política”, contemplado en el artículo 422 del Código Penal colombiano. La presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, también respaldó el inicio de las actuaciones judiciales.
Los funcionarios públicos tienen prohibido participar en candidaturas
La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en controversias electorales o favorecer candidaturas, salvo ejercer su derecho al voto. El anuncio ocurre en medio de una campaña marcada por el debate económico y fiscal en el país. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana creció un 2,6 % en 2025, tras haber registrado un avance de 1,5 % en 2024, mientras la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61,5 % del PIB en el primer trimestre de 2025.
En la recta final hacia las elecciones, los candidatos presidenciales han centrado parte de sus propuestas en la sostenibilidad de los programas sociales impulsados por Petro y en el manejo del déficit fiscal. Aspirantes como Sergio Fajardo defienden políticas de “responsabilidad fiscal”, mientras figuras como Paloma Valencia plantean fortalecer sectores extractivos como el petróleo y la minería. El debate también se ha intensificado por la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera, medida que ha generado posiciones divididas sobre el futuro económico y energético del país.
FUENTE: ECUAVISA