El análisis del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, continúa en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.
En la última sesión, recibió los aportes de los delegados de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional.
Dayana Encalada, representante de la Fiscalía General, dijo que se requieren precisiones en el texto de la reforma para evitar duplicidad en el establecimiento de tipos penales que ya constan en el COIP. A su juicio, lo adecuado sería determinar los casos específicos en los cuales una conducta penal ya legislada puede derivar en un mayor perjuicio, por ejemplo, en lo concerniente a la seguridad pública.
Sugirió analizar con detenimiento el texto propuesto, por cuanto gran parte de lo planteado ya consta en el capítulo sexto del COIP sobre los Delitos Contra la Estructura del Estado Constitucional.
Punto de vista de la Policía Nacional
La coronel Doris Viteri Paspuel, directora de Logística de la Policía Nacional, observó que esta iniciativa debe incluir, además de las entidades militares y policiales, a los agentes penitenciarios y de aduanas.
Planteó que se determine la existencia de una empresa, sea pública o una alianza público-privada, que sea la encargada de dotar de los uniformes e implementos para uso de los cuerpos de seguridad, para que se pueda efectuar un control adecuado de la fabricación y entrega anual de las prendas.
También hizo referencia al registro de la propiedad industrial de esta indumentaria, que deberían tener un plazo no inferior a 10 años. Explicó que la Policía, en la actualidad, tiene 14 registros industriales y ocho prendas por registrar. A la vez, manifestó que el análisis del proyecto de ley debe revisar el impacto económico que tendrá su aplicación.
La comisión solicitó que las observaciones sean remitidas a fin de que se analicen por parte del equipo técnico y, de ser el caso, se incorporen al proyecto de ley.
FUENTE: ECUAVISA