El presidente Daniel Noboa en una publicación en sus redes sociales denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en la provincia de Pichincha y aseguró que la información recopilada fue enviada a la Contraloría General del Estado para su revisión. Según el mandatario, más de 300 contratos, distribuidos en montos pequeños durante la última década, suman más de USD 10,5 millones.
En la publicación, Noboa cuestionó la gestión de las autoridades locales de la provincia y afirmó que una parte importante de los contratos fue adjudicada a un viceprefecto en funciones a través de la empresa Tonello Soluciones. El presidente señaló que el nombre del funcionario consta tanto en la razón social de la compañía como en su lista de accionistas.
El mandatario sostuvo que una parte de los contratos fue otorgada directamente y sugirió que la fragmentación de los montos habría buscado evitar controles.
Según el primer mandatario, toda esta información ha sido enviada a Contraloría para su revisión, Noboa defendió las acciones de su Gobierno contra la corrupción y rechazó las acusaciones de persecución política. Además, aseguró que continuará impulsando investigaciones frente a posibles irregularidades en la contratación pública.
“Toda esta información ha sido enviada a Contraloría para su revisión. Estamos aquí para luchar contra la corrupción, aunque prófugos y conchudos griten persecución política.” Daniel Noboa, presidente de Ecuador
En los últimos días, el Municipio de Quito fue allanado en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos de asfaltado. A este caso se suma una denuncia por el presunto cobro de diezmos en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), así como la detención de la excandidata presidencial Luisa González por presunto lavado de activos, dentro del caso Laberinto.
En estos procesos se ha señalado a personas vinculadas al correísmo, cuyos representantes han cuestionado las investigaciones y las han calificado como persecución política. Ahora, tras la denuncia del presidente Daniel Noboa, corresponderá a la Contraloría General del Estado revisar la información sobre los más de 300 contratos públicos que, según el mandatario, sumarían más de USD 10,5 millones y presentarían presuntas irregularidades.
FUENTE:ECUAVISA