Un informe con los principales riesgos que enfrentan juezas, jueces, servidores judiciales y la infraestructura institucional fue presentado en el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ). Esta información fue remitida por las 24 direcciones provinciales y la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El CJ coordina el fortalecimiento de la protección de jueces y servidores frente al avance del crimen organizado.
El reporte cuenta con los siguientes resultados:
| Número de servidores judiciales | Judiciales amenazados | Víctimas de violencia | Servidores con seguridad |
| 8 752 | 127 | 23 | 58 |
Las provincias que registran los mayores niveles de riesgo son Guayas, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Ante esa realidad, la Judicatura ha impulsado mesas técnicas internas de trabajo y mecanismos de coordinación interinstitucional con entidades estratégicas del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj).
Se prevé la suscripción de un convenio con el Ministerio del Interior que permitirá fortalecer la cobertura policial en las dependencias judiciales del país y crear una instancia de enlace dentro del CJ para coordinar con esa Secretaría de Estado los temas relacionados con la seguridad institucional.
La entidad desarrolla una herramienta tecnológica que agilizará la atención de las solicitudes de protección presentadas por jueces y demás operadores de justicia.
De forma paralela, se avanza en la elaboración de un plan integral de protección orientado a fortalecer las condiciones de seguridad para quienes ejercen funciones en el sistema judicial.
FUENTE: ECUAVISA