La investigación por presunto lavado de activos en el denominado caso Goleada sumó un nuevo capítulo. El juez Jairo García dispuso la captura de Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, luego de aceptar el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía durante la audiencia de vinculación realizada el pasado 29 de mayo.
La decisión judicial se produjo tras la solicitud presentada por el fiscal Dennis Villavicencio, quien incorporó a los dos familiares del burgomaestre a la investigación que busca determinar la existencia de una estructura destinada a ocultar recursos presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de combustible subsidiado.
Mediante una providencia emitida posteriormente, el magistrado ordenó a la Policía Nacional proceder con la localización y captura inmediata de los hermanos Viteri Henriques para que sean puestos a disposición de la justicia.
La medida podría quedar sin efecto únicamente si ambos comparecen voluntariamente ante el juzgado. Sin embargo, hasta el momento no existe constancia de que hayan acudido de manera voluntaria.
La situación de Fernando Viteri se complicó aún más luego de que no se presentara a una audiencia prevista dentro del caso Triple A, proceso en el que también figura como procesado. Debido a su ausencia, fue declarado prófugo por la autoridad judicial.
¿Qué señala la Fiscalía?
Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, los hermanos Viteri habrían desempeñado funciones clave dentro de varias empresas vinculadas a la investigación.
La Fiscalía sostiene que ambos fueron representantes legales de compañías que presuntamente habrían sido utilizadas para incorporar al sistema financiero ecuatoriano recursos provenientes de la comercialización irregular de diésel subsidiado en segmentos no autorizados.
Entre los elementos expuestos por el fiscal constan transferencias de paquetes accionarios y cambios de representación legal registrados entre julio y agosto de 2024 en empresas como Corpalubri, Ternape, Indudiésel, Grupo Alba, Inmobiliaria Hache y Fiorema.
De acuerdo con las investigaciones, el presunto esquema habría generado un perjuicio estimado en alrededor de 90 millones de dólares.
La Fiscalía también sostiene que entre 2021 y 2023 la empresa Ternape habría adquirido combustible subsidiado a Petroecuador y posteriormente lo habría comercializado fuera de los segmentos autorizados, obteniendo ganancias que, según la acusación, fueron transferidas mediante operaciones financieras a otras compañías relacionadas.
La postura de la defensa
La defensa de Fernando Viteri rechaza las acusaciones y asegura que su cliente es investigado únicamente por haber ejercido funciones gerenciales durante un periodo inferior a tres meses en varias compañías.
Según sus abogados, no existen pruebas directas que lo vinculen con actividades ilícitas ni pericias que demuestren desvío de combustible o participación en operaciones irregulares.
Además, durante el proceso se presentaron documentos destinados a acreditar arraigo familiar, laboral y de salud. Entre ellos constan certificados médicos, información sobre su núcleo familiar y documentación relacionada con obligaciones personales.
Pese a estos argumentos, el juez consideró procedente la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, mientras las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades de los procesados dentro de una de las causas judiciales de mayor repercusión política y económica en el país.
FUENTE: TELÉGRAFO